Ortega declara el fin de las elecciones en Nicaragua


Managua, 21 de julio de 2026 – En un discurso pronunciado durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente Daniel Ortega anunció que Nicaragua no celebrará más elecciones, cerrando explícitamente cualquier vía democrática para la alternancia en el poder.

“Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales (ganar dinero) con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, declaró Ortega ante miles de seguidores en Managua, refiriéndose a la oposición, a la que acusó de ser “golpistas” y “vendepatria” respaldados por Estados Unidos.

El mandatario, de 80 años y en el poder desde 2007 junto a su esposa y copresidenta Rosario Murillo, adelantó que la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprobará leyes para “poner un muro” contra cualquier intento opositor de acceder al gobierno. Esta decisión elimina de facto los comicios previstos para noviembre de 2027, tras la reforma constitucional de inicios de 2025 que extendió el mandato presidencial a seis años.

La declaración ha sido calificada por analistas y organismos internacionales como la confirmación definitiva del fin de la democracia en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos (OEA) lamentó que el régimen “abandonó la democracia, inclusive la apariencia de ella”, mientras que líderes opositores en el exilio, como Juan Sebastián Chamorro, advirtieron que Ortega busca consolidar un modelo de partido único similar al de China o Cuba.

El contexto es de un endurecimiento progresivo: desde las controvertidas elecciones de 2021 —marcadas por el arresto de candidatos opositores y el cierre de partidos y medios— hasta la represión de protestas, el exilio forzoso de miles de nicaragüenses y el cierre de más de 5.600 organizaciones civiles. Organismos como la ONU y la Unión Europea ya habían denunciado la falta de garantías democráticas.

Esta medida profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un régimen que, según sus críticos, ya no busca ni siquiera la legitimidad electoral. Mientras tanto, Ortega reafirma su control absoluto, enterrando cualquier posibilidad de alternancia pacífica a través de las urnas.







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