México exige justicia por la muerte de 17 connacionales a manos de ICE

Ciudad de México, 14 de julio de 2026.- El gobierno de México ha escalado su respuesta ante la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos de esta agencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el inicio de acciones legales contundentes, incluyendo denuncias penales ante fiscalías estatales estadounidenses y el Departamento de Justicia, así como demandas civiles contra empresas privadas que operan centros de detención.

Según datos oficiales, 14 de estos fallecimientos ocurrieron dentro de instalaciones de ICE, mientras que tres se registraron en operativos de arresto. Los casos se han acumulado desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump en enero de 2025, con los más recientes siendo los de Félix Alcorta Rodríguez, fallecido el 19 de junio, y Lorenzo Salgado Araujo, abatido el 7 de julio en Houston, Texas.

La Cancillería ha señalado que al menos seis de las muertes se atribuyen a presunta desatención médica, y ha criticado la falta de respuestas satisfactorias a las 11 cartas diplomáticas enviadas previamente. Ante el silencio de las autoridades estadounidenses, México decidió abandonar la vía exclusivamente diplomática y llevar los casos a los tribunales. Además, se solicitó a la ONU una investigación independiente sobre estos hechos.

El canciller Roberto Velasco Álvarez enfatizó que estas medidas buscan garantizar justicia para las familias de las víctimas, en su mayoría jornaleros, obreros y trabajadores que migraron en busca de mejores oportunidades. Entre los fallecidos se encuentran personas como Silverio Villegas González, de 38 años, originario de Michoacán, asesinado en Chicago.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha defendido sus protocolos, asegurando que la tasa de mortalidad en custodia es baja y que los detenidos reciben atención superior a la de muchas prisiones locales. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones inadecuadas, uso excesivo de la fuerza y negligencias sistemáticas en los centros de detención, particularmente en lugares como Adelanto, California.

Este caso pone de relieve las tensiones en la relación bilateral y las preocupaciones por el trato a migrantes mexicanos en medio de políticas migratorias más estrictas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de defender a los connacionales en el exterior, mientras las familias de las víctimas exigen claridad y responsabilidades concretas. Las acciones legales podrían marcar un precedente en la protección de derechos humanos transfronterizos.