Los Cabos, Baja California Sur.– El proyecto para construir 15 mil 400 viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar en Los Cabos avanza como una de las apuestas más ambiciosas para atender el rezago habitacional en el municipio; sin embargo, la iniciativa todavía enfrenta un punto clave: concretar la negociación con ejidatarios de San José del Cabo sobre el valor y las condiciones de pago de las tierras donde se desarrollaría el complejo.

Durante una entrevista en el programa Los Cabos a la Carta, el empresario Carlos Álvarez, vinculado al ejido de San José, reconoció que el anuncio federal representa una oportunidad importante para responder a la demanda de vivienda digna, pero advirtió que aún no hay un acuerdo cerrado.

“Las buenas intenciones están muy bien, pero hay un aspecto que nos preocupa como inmobiliaria y luego como ejido”, expresó. En ese sentido, señaló que entre los ejidatarios persiste desconfianza por experiencias pasadas en las que el patrimonio del núcleo agrario se ha visto afectado. “No se trata de regalar el terreno”, sostuvo.

El proyecto fue confirmado la semana pasada por autoridades federales, estatales y municipales, durante un acto en el que participaron la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana. El plan contempla la compra-venta de 120 hectáreas en el ejido San José del Cabo para levantar viviendas de al menos 60 metros cuadrados, con un costo promedio estimado de 627 mil pesos por unidad y una inversión total cercana a 9 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto en la entrevista, el predio se ubica detrás del nuevo Hospital Regional del IMSS, hacia la zona del libramiento, a unos minutos de la zona hotelera y del centro de San José del Cabo. Para Carlos Álvarez, uno de los puntos centrales es que el valor de la tierra no puede fijarse en términos que resulten desventajosos para los propietarios del ejido. “Se ha estado hablando sobre algunos precios que apenas llegarían al 20 o 30 por ciento de un precio más o menos real de la fecha, pero no se ha afirmado”, comentó.

Álvarez explicó que, por su ubicación, el terreno tiene un valor comercial que rondaría entre 2 mil y 3 mil pesos por metro cuadrado, aunque reconoció que venderlo a ese precio haría incosteable un proyecto de vivienda social de esta magnitud. Aun así, insistió en que los ejidatarios buscan un acuerdo equilibrado, sin pagos simbólicos ni plazos excesivos. “Nosotros queremos que no se nos pague un poquito y no nos hagan un plazo largo que ni en el sexenio se nos pague; por poco que sea, se nos pague”, afirmó.

El empresario también subrayó que el desarrollo no puede evaluarse únicamente por el costo del suelo, ya que su viabilidad depende de inversiones millonarias en infraestructura urbana. “Allí se necesitan inversiones millonarias para los accesos, agua potable, electricidad, drenaje”, advirtió, al referirse a las obras necesarias para urbanizar la zona y soportar la llegada de una población estimada entre 40 mil y 50 mil personas.

El alcance del proyecto se inserta en la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo Programa Vivienda para el Bienestar tiene como meta sexenal 1.8 millones de acciones de vivienda en todo el país, enfocadas principalmente en familias de menores ingresos. En su más reciente balance, el gobierno federal informó que el programa ya suma 274 mil viviendas en construcción a nivel nacional.

En Baja California Sur, la meta anunciada es de 45 mil viviendas, de las cuales 15 mil 400 corresponderían a Los Cabos, uno de los municipios con mayor presión demográfica y con uno de los mercados inmobiliarios más caros del país. En ese contexto, el desarrollo busca atender a trabajadores que hoy enfrentan rentas elevadas o que viven en asentamientos irregulares, muchas veces ubicados en cauces de arroyo o zonas de riesgo.

No obstante, para Carlos Álvarez el anuncio todavía debe traducirse en acuerdos concretos. “Es una buena noticia, pero ahora falta la realidad. Ojalá se logre cristalizar esta negociación”, dijo. Su postura resume el momento que atraviesa el proyecto: una propuesta de gran alcance social que ha generado expectativa, pero que todavía debe resolver el precio de la tierra, la certeza jurídica y el costo de la infraestructura para poder pasar del anuncio a la construcción.