EU revoca visas a gobernadores de Morena Durazo y Villarreal

Washington, 4 de junio de 2026 — El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, según confirmaron fuentes del Departamento de Estado al Semanario ZETA de Tijuana. La medida, revelada inicialmente por el diario Los Angeles Times, forma parte de investigaciones penales por presuntos vínculos con el crimen organizado y actividades ilícitas como el huachicol.

Aunque ambos mandatarios morenistas han negado públicamente la cancelación y afirman conservar sus documentos, las fuentes estadounidenses aclararon que las visas aparecen revocadas en el sistema migratorio. Los gobernadores aún poseen físicamente los documentos porque no han intentado cruzar la frontera, lo que impediría el retiro inmediato. Sin embargo, para ingresar a territorio estadounidense deben recurrir a un permiso especial de “libertad condicional por beneficio público significativo”, una autorización reservada normalmente para testigos cooperantes o casos humanitarios.

La revocación de Durazo habría ocurrido desde 2025, en el marco de pesquisas por supuestos nexos con organizaciones criminales. En el caso de Villarreal, las autoridades norteamericanas lo investigan por presunto contrabando de combustible robado. Con esta decisión, ya son tres los gobernadores de Morena afectados: se suma el precedente de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, cuya visa fue cancelada en mayo de 2025.

El tema ha generado fuerte polémica en México. Tanto Durazo como Villarreal calificaron las versiones como falsas o infundadas, mientras que desde Palacio Nacional se ha cuestionado la intención detrás de estas acciones. Analistas interpretan la medida como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra los cárteles que operan en la frontera y abastecen de fentanilo al mercado estadounidense.

La situación refleja el endurecimiento de las relaciones bilaterales y pone en evidencia la vulnerabilidad de funcionarios mexicanos ante las decisiones unilaterales de Washington en materia migratoria y de seguridad. Mientras los gobernadores insisten en que pueden viajar normalmente, las confirmaciones del Departamento de Estado generan dudas sobre su capacidad real para cruzar la frontera sin restricciones.