EE.UU. advierte nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos por nexos con el narco

Washington, 7 de mayo de 2026.- El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que su país continuará presentando acusaciones penales contra funcionarios y políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado, en particular al Cártel de Sinaloa. Las declaraciones, realizadas en una entrevista con News Nation, se dan días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputara a diez altos funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Blanche señaló que las autoridades estadounidenses ya han imputado recientemente a varios funcionarios del gobierno mexicano, incluido un juez, y que estas acciones “continuarán”. Según el fiscal, la cooperación de líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense está generando nueva información que podría derivar en cargos adicionales contra políticos y servidores públicos que colaboran con los cárteles. “Hemos presentado escritos de acusación contra múltiples funcionarios de gobierno en México, y eso es algo que continuará”, afirmó.

La imputación del 29 de abril acusa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios —entre ellos un senador, un alcalde y mandos policiales— de asociarse con la facción de “Los Chapitos” para facilitar el trasiego de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y protección. Las autoridades estadounidenses destacan que estos nexos permiten al cártel operar con impunidad y que la corrupción institucional es clave para su supervivencia.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió “pruebas irrefutables” y anunció que la Fiscalía General de la República investigará los señalamientos para determinar si proceden acciones legales bajo la legislación mexicana. El gobierno federal ha recibido solicitudes de extradición, aunque el proceso para funcionarios con fuero implica trámites adicionales como juicios de desafuero.

Esta ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Justicia de EE.UU. para debilitar a los cárteles mediante la persecución de sus facilitadores en el sector público. Analistas consideran que las declaraciones de Blanche elevan la tensión bilateral en materia de seguridad, mientras México insiste en su soberanía y en la necesidad de cooperación respetuosa entre ambos países.

El caso pone de manifiesto el desafío compartido que representa el narcotráfico transnacional y la corrupción, aunque también resalta las diferencias en los enfoques de cada nación para combatirlo.