El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales. El expediente, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, señala que los acusados habrían conspirado para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la investigación, Rocha Moya habría mantenido reuniones con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, líderes de la facción “Los Chapitos”. En esos encuentros, el entonces candidato a la gubernatura habría recibido apoyo electoral a cambio de garantizar protección e impunidad para las operaciones del cártel.

La acusación describe un esquema de corrupción en el que funcionarios estatales entregaban información de inteligencia y movilizaban fuerzas de seguridad para resguardar cargamentos de droga. Además, se señala que durante las elecciones de 2021, sicarios vinculados a “Los Chapitos” intimidaron votantes, secuestraron opositores y robaron papelería electoral para asegurar la victoria de Rocha Moya.

Uno de los aspectos más graves del expediente involucra al excomandante Juan Valenzuela Millán, acusado de participar en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en 2023. Este hecho refuerza la narrativa de que las corporaciones de seguridad de Sinaloa fueron infiltradas y utilizadas como brazo operativo del cártel.

Tras conocerse la acusación, Rocha Moya declaró que se enteró de los señalamientos por medio de la Embajada de Estados Unidos en México y aseguró contar con el respaldo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, evitó dar más declaraciones sobre el caso.