Morena aprueba uso de Afores para infraestructura: ¿inversión productiva o riesgo para las pensiones?

Ciudad de México, 8 de abril de 2026. El Senado de la República aprobó este martes, con 84 votos a favor y 28 en contra, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, impulsada por Morena y sus aliados. La iniciativa, enviada ya al Ejecutivo para su promulgación, permitirá destinar hasta el 30 por ciento de los recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) —que administran cerca de seis billones de pesos de 73 millones de trabajadores— a proyectos de infraestructura considerados estratégicos, a través de vehículos de propósito específico como fideicomisos que canalizarán ahorro institucional y participación privada.

Según el senador morenista Francisco Chíguil Figueroa, la reforma busca movilizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva. Actualmente, solo entre el 8 y 9 por ciento de estos fondos se invierten en infraestructura, pese a que la regulación permite hasta el 30 por ciento. Con la nueva ley, se espera que esa participación suba a entre el 20 y 25 por ciento, lo que representaría entre 1.2 y 1.5 billones de pesos adicionales para obras que impulsen el desarrollo y el bienestar, como carreteras, puertos, aeropuertos y proyectos energéticos. Morena defiende que el modelo corrige distorsiones de esquemas anteriores y mantiene la propiedad pública de las inversiones.

Sin embargo, la oposición —PRI, PAN y voces independientes— ha calificado la medida como una de las más polémicas y riesgosas de los últimos años. Legisladores como la senadora priista Claudia Anaya advirtieron que se trata de un esquema similar a los Pidiregas de los años 90, pero ahora con recursos de los trabajadores. “Vamos a tomar el dinero de las Afores para que el Estado haga proyectos de inversión productiva”, señaló, recordando que en el pasado la izquierda criticaba esta práctica.

Los principales riesgos señalados son varios. En primer lugar, se pone en peligro el ahorro para el retiro de millones de mexicanos, ya que los trabajadores no autorizan directamente el uso de sus fondos y, si los proyectos fracasan —como ha ocurrido con obras como el AIFA, el Tren Maya o Dos Bocas, según críticos—, las pérdidas recaerían en las pensiones y no en el gobierno. En segundo lugar, se abre la puerta a un crecimiento desbordado del gasto y a pasivos ocultos, al permitir contrataciones sin suficiente respaldo presupuestal. Finalmente, especialistas y opositores temen falta de transparencia, opacidad en la selección de proyectos y un posible uso político para financiar “elefantes blancos” que no generan rentabilidad, lo que podría comprometer la estabilidad de las pensiones a largo plazo.

La reforma llega en un momento de contracción de la inversión pública y busca atraer capital privado, pero el debate sobre su conveniencia apenas inicia. Para los defensores, es una herramienta de desarrollo; para los críticos, un riesgo innecesario para el futuro de los jubilados mexicanos.