La legalización de la pena de muerte por parte de Israel

Jerusalén, 31 de marzo de 2026. El parlamento israelí, la Knesset, aprobó este lunes una controvertida ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento como sentencia predeterminada para palestinos condenados en tribunales militares por ataques letales considerados terroristas o de motivación nacionalista. La medida, impulsada por los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra tras casi doce horas de debate.

La nueva legislación modifica el Código Penal israelí y se aplica principalmente en Cisjordania ocupada, donde los palestinos son juzgados por tribunales militares. En estos casos, los jueces deberán imponer la pena capital de forma obligatoria, salvo en “circunstancias especiales” en las que podrían optar por cadena perpetua. La norma también afecta a los tribunales civiles para quienes cometan asesinatos con la intención de “negar la existencia del Estado de Israel”. Según el gobierno, la ley busca endurecer la lucha contra el terrorismo tras años de ataques mortales.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, celebró la aprobación repartiendo champán entre sus colegas de coalición. Netanyahu acudió personalmente al pleno para votar a favor. Sin embargo, la iniciativa ha generado fuertes críticas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch la calificaron de discriminatoria, ya que en la práctica se dirige casi exclusivamente a palestinos y no a israelíes juzgados en tribunales civiles. Países como Reino Unido y Francia advirtieron que amenaza los valores democráticos de Israel.

Hamás, por su parte, condenó la medida y llamó a “acciones de venganza”. Israel solo ha aplicado la pena de muerte una vez en su historia moderna, en el caso del nazi Adolf Eichmann en 1962. La última ejecución civil data de 1962 y, hasta ahora, la pena capital estaba prácticamente abolida en la práctica. Analistas advierten que esta ley podría complicar aún más las tensiones en el conflicto israelí-palestino y generar nuevos desafíos jurídicos y diplomáticos.

La norma entrará en vigor de inmediato, aunque se esperan recursos judiciales y llamados internacionales para su derogación.