La Suprema Corte de Estados Unidos debate la ciudadanía por nacimiento en un caso histórico

Washington, 31 de marzo de 2026.- Mañana, 1 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos orales en el caso Trump contra Barbara, uno de los litigios más relevantes de la era actual. Se trata de un desafío directo a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que busca limitar la ciudadanía por nacimiento para niños nacidos en territorio estadounidense después del 19 de febrero de ese año.
La orden ejecutiva, titulada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, establece que no se reconocerá la ciudadanía automática a quienes nazcan en el país si su madre estaba indocumentada o en estatus temporal legal y el padre no es ciudadano ni residente permanente. La administración Trump sostiene que estos padres no están “sujetos a la jurisdicción” completa de Estados Unidos, según la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868 para garantizar derechos tras la Guerra Civil.
Los demandantes, representados en una demanda colectiva originada en New Hampshire, argumentan que la medida viola el texto constitucional y el precedente de 1898 en United States contra Wong Kim Ark, cuando la Corte Suprema confirmó la ciudadanía de un hijo de inmigrantes chinos residentes. Tribunales inferiores ya han bloqueado la orden por considerarla inconstitucional, aunque en junio de 2025 la Suprema Corte limitó el alcance de las injunctiones universales sin resolver el fondo del asunto.
El debate en la sala de audiencias promete ser intenso. Los abogados del gobierno defenderán una interpretación más restrictiva de la “jurisdicción”, mientras que organizaciones como la ACLU y varios estados advierten que una decisión favorable a Trump podría cuestionar la ciudadanía de millones de personas nacidas en el país, generando incertidumbre retroactiva y afectando políticas migratorias a largo plazo.
La decisión final se espera para finales de junio o principios de julio de 2026 y podría redefinir uno de los pilares del sistema jurídico estadounidense. Analistas coinciden en que el fallo no solo resolverá el caso presente, sino que marcará el rumbo de la interpretación constitucional sobre quién es, por derecho de nacimiento, ciudadano de la nación.