Auditor Superior del Estado revela observaciones por 4,600 mdp al Ayuntamiento de Los Cabos
En entrevista para el programa de radio Los Cabos a la Carta, el Auditor Superior del Estado, Ricardo Verdugo Llanas, explicó el alcance de las revisiones a las cuentas públicas municipales y confirmó que existen observaciones por 4,600 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 del Ayuntamiento de Los Cabos.
Durante la conversación, Verdugo Llanas detalló que la Auditoría Superior del Estado realiza revisiones anuales a las cuentas públicas que los entes obligados deben presentar. “Se hace cada año y ellos tienen la obligación de entregar cuenta pública. Una vez que la entregan, yo tengo que verificar que los recursos públicos que hayan recaudado sean administrados y ejercidos para lo que ellos lo programaron”, explicó.
El auditor precisó que, cuando se detectan inconsistencias, se emiten observaciones y, de no solventarse, pueden derivar en denuncias administrativas o penales. “Si es mayor se manda al Tribunal Administrativo y si es penal se manda al fiscal anticorrupción y ellos son los que sí ejecutan la sanción e imponen”, subrayó, al aclarar que la Auditoría no sanciona directamente, sino que aporta los elementos técnicos para que otras instancias actúen.
Respecto a las cifras detectadas en Los Cabos, señaló: “Esas son las cifras que tienen los informes”, al referirse a los 4,600 millones de pesos observados en los dos años completos de la anterior administración municipal. Añadió que aún falta por integrar una parte del ejercicio 2024, debido a que corresponde a dos periodos administrativos distintos.
Verdugo Llanas enfatizó que su actuación es imparcial. “Para mí no son el profe ni el arquitecto, para mí es el Ayuntamiento de Los Cabos. Finalmente es el erario”, sostuvo, destacando que el objetivo es recuperar la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
El auditor explicó que los entes fiscalizados cuentan con 30 días hábiles para solventar las observaciones. “Una vez que les doy el informe, les digo: ‘Aquí tienen 30 días para poderme aclarar’. En caso de que no lo hagan, entonces ya empezamos a realizar las denuncias administrativas o las que pudieran dar lugar”, advirtió.
También aclaró que no todas las irregularidades son necesariamente dolosas, pues algunas pueden derivar de omisiones administrativas; sin embargo, subrayó que cuando existe afectación al erario se procede con mayor severidad. “Una obra que hayan cobrado y que no le hayan hecho, eso sí está que hay pruebas”, puntualizó.
En cuanto a resultados concretos, informó que durante su gestión —de tres años y medio— se han promovido 12 inhabilitaciones y alrededor de 12 denuncias penales. “Casi el 89 o 90 por ciento de los informes terminan en una denuncia administrativa al órgano interno de control”, detalló.
Sobre la supervisión de su propia labor, explicó que la Auditoría cuenta con mecanismos de vigilancia. “Aquí en el estado hay una comisión de vigilancia de la auditoría y una unidad de evaluación que también me audita. Todo el mundo se revisa”, afirmó.
Finalmente, Verdugo Llanas expresó que el reto principal es que las sanciones se concreten para fortalecer la credibilidad institucional. “La gente lo que quiere es el resultado final, el sancionatorio o el resarcitorio. Ahí es donde realmente vuelve a agarrar la confianza en las autoridades”, concluyó.
