Proponen acceso gratuito a datos catastrales para evitar fraudes inmobiliarios

La diputada Dalia Verónica Collins Mendoza, integrante de la Fracción Parlamentaria de MORENA, presentó una iniciativa que busca garantizar el acceso gratuito a la información catastral para cualquier persona interesada en adquirir un terreno en Baja California Sur.

La propuesta plantea adicionar el artículo 42 Bis a la Ley de Catastro para los Municipios del Estado, con el objetivo de prevenir fraudes en la compra de predios no regularizados y proteger el derecho de las y los ciudadanos a contar con información confiable y oportuna sobre los inmuebles que desean adquirir.

Actualmente, la información que resguardan las direcciones de catastro es de gran valor para conocer el estatus legal de un inmueble; sin embargo, su acceso no es sencillo. El artículo 42 de la ley vigente establece que las dependencias catastrales solo pueden expedir copias certificadas a quienes demuestren un interés legítimo. Este requisito, según ha señalado la ciudadanía, representa una barrera, ya que su acreditación no es clara ni uniforme en los diferentes municipios, generando incertidumbre y limitando el acceso a información clave.

Ante esta situación, la diputada Collins Mendoza propone crear un mecanismo que permita el acceso más flexible a datos sustanciales de un inmueble. Esta información serviría como una herramienta orientadora para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas antes de adquirir un terreno, evitando así caer en fraudes inmobiliarios.

La iniciativa establece que las dependencias catastrales deberán proporcionar por escrito y sin costo, información básica sobre los inmuebles, incluyendo: si cuentan con clave catastral, si están fraccionados, subdivididos o en proceso, y si tienen factibilidad de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica. Esta información deberá ser clara, sencilla y respetar en todo momento la protección de los datos personales.

Con esta reforma se busca fortalecer la transparencia, la legalidad y la seguridad patrimonial de las y los ciudadanos, brindándoles mayor certeza jurídica en la adquisición de terrenos.

Finalmente, se establece que los ayuntamientos deberán realizar los ajustes necesarios en sus reglamentos y normas administrativas a más tardar el 28 de enero de 2026.