México estrena reforma judicial con elección inédita y fuerte controversia política

Por primera vez, jueces, magistrados y ministros son electos por voto ciudadano tras una reforma promovida por el expresidente López Obrador; especialistas advierten riesgos para la justicia y la democracia.

México vivió este año un cambio sin precedentes en su sistema judicial. A raíz de una reforma aprobada en septiembre de 2024 por el Congreso de la Unión, jueces, magistrados y ministros comenzaron a ser elegidos mediante el voto popular, lo que representa una transformación radical en el modelo de impartición de justicia.

La iniciativa, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en los primeros días de la actual legislatura, gracias a la mayoría parlamentaria de la coalición Morena-PT-PVEM, pese a la férrea oposición de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. La medida ha generado división política, protestas laborales y señalamientos de riesgos para la independencia judicial, la economía y la seguridad nacional.

Reforma polémica, protestas y sede alterna

Durante su paso por la Cámara de Diputados, la reforma fue votada entre protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes incluso forzaron a los legisladores a sesionar en una sede alterna. En el Senado, el proceso fue igual de turbulento, con bloqueos de acceso y manifestaciones que también obligaron a cambiar la sede de la votación.

Uno de los puntos más controvertidos fue el cambio en el método de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Antes, el presidente de la República proponía una terna y el Congreso elegía. Ahora, los cargos se someten a elección directa de la ciudadanía.

Además, los requisitos para aspirar a estos cargos se redujeron significativamente. Ya no es necesaria una carrera judicial de 15 años: basta con tener licenciatura en Derecho, promedio mínimo de 8.0, experiencia profesional de cinco años y cartas de recomendación de conocidos o vecinos.

Designaciones con tómbola y candidatos señalados

En el caso del Poder Legislativo, la selección de aspirantes se realizó mediante una tómbola, lo que desató críticas de la oposición y organizaciones civiles. Aunque se establecieron comités de evaluación en cada poder para revisar perfiles, el proceso fue ampliamente cuestionado.

La polémica creció cuando el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, denunció que al menos una decena de candidatos tenían presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos, destacó la inclusión del abogado del narcotraficante conocido como Z-40.

La acusación llevó a exigir revisiones de candidaturas. La situación se volvió aún más tensa cuando el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, votó a favor de la reforma, lo que le valió ser tildado de "traidor" por sus compañeros de bancada.

Campañas marcadas por redes sociales y abstencionismo

Las campañas electorales arrancaron el 31 de marzo y concluyeron el 28 de mayo, caracterizadas por la falta de financiamiento público y la necesidad de que los candidatos se promovieran con sus propios recursos. Muchos optaron por memes, tendencias de redes sociales y videos virales para ganar notoriedad.

Mientras tanto, el INE enfrentó complicaciones presupuestarias tras la reducción de más de 8 mil millones de pesos a su financiamiento. Esto obligó a disminuir el número de casillas y eliminar materiales como las boletas en braille, afectando la inclusión de personas con discapacidad visual.

En la recta final, aumentaron los llamados al abstencionismo. El PAN y el PRI anunciaron que no participarían en la elección, mientras se denunciaba la distribución de “acordeones” —supuestos instructivos con nombres de candidatos vinculados a Morena— para orientar el voto.

Oficialismo defiende; oposición advierte retroceso

Desde el oficialismo, tanto el expresidente López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han defendido la reforma como un paso hacia la democratización del sistema judicial. Sheinbaum ha insistido en que la elección contribuirá a la rendición de cuentas y a combatir la impunidad, señalando casos donde jueces han liberado a presuntos delincuentes.

No obstante, especialistas, organizaciones civiles y organismos internacionales han advertido que esta reforma podría vulnerar la independencia del Poder Judicial, abrir la puerta a influencias políticas o criminales, y desincentivar la inversión extranjera, lo que a su vez afectaría el comercio y la estabilidad económica del país.