Diputados aprueban reformas a Ley de Armas para regular uso civil de armas para defensa personal

También se facilita la posesión en domicilios particulares y en áreas estratégicas como Pemex y Banxico. La iniciativa pasa ahora al Senado.

CIUDAD DE MÉXICO.— Con 476 votos a favor y solo dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, endureciendo las sanciones contra el tráfico ilegal de armas y reconociendo el derecho a la legítima defensa en el hogar.

La iniciativa —impulsada originalmente en el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— contempla una pena de 7 a 30 años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para quienes introduzcan de forma ilícita armas, cargadores y aditamentos para modificar armas semiautomáticas en automáticas.

Portación legal en áreas estratégicas y para defensa del hogar

Entre los puntos más destacados de la reforma, se encuentra la autorización para que empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, como Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y el SAT, puedan dotar de armas de fuego a su personal de seguridad.

Además, se facilita el proceso de autorización para tener armas en el domicilio particular con fines de defensa de bienes y personas, en respuesta al contexto de violencia del crimen organizado en diversas regiones del país.

Reglas para comunidades y personal retirado

El dictamen también reconoce el derecho de comunidades ejidales y comunales a la posesión responsable de armas para fines lícitos, detallando con precisión los calibres permitidos. En contraste, se prohíbe a militares retirados utilizar armas de su propiedad para ofrecer servicios de seguridad privada.

Penas por mal uso de armas oficiales

La reforma prevé una pena de 7 a 15 años de prisión y multa de mil a dos mil veces la UMA a quienes dispongan indebidamente de armas pertenecientes a instituciones de seguridad pública, procuración de justicia o Fuerzas Armadas.

Consenso entre partidos

Legisladores de todos los partidos coincidieron en que la iniciativa fortalece el control sobre la posesión de armas, refuerza el derecho a la legítima defensa, y contiene medidas para combatir al crimen organizado, así como campañas educativas a nivel nacional sobre el uso responsable de armas.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.