Gobernador de BCS defiende el “camino costero” en Los Cabos y lanza crítica directa a desarrolladores turísticos
Los Cabos, BCS – El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó una intervención directa en un antiguo camino vecinal que, según él, fue abandonado e ilegalmente declarado en desuso durante administraciones anteriores, con la intención de favorecer intereses privados por encima del interés público. La acción estatal ha generado revuelo entre desarrolladores turísticos y reabierto el debate sobre el acceso a las playas, la certeza jurídica y los límites del desarrollo inmobiliario en uno de los destinos más cotizados de México.
Durante una entrevista realizada este mismo jueves mientras se desarrollaban los hechos y dada a conocer en el programa de radio “Los Cabos a la Carta”, el mandatario estatal explicó los motivos detrás de su presencia en la zona y la rehabilitación del camino, el cual ha sido bloqueado por proyectos turísticos de alto perfil. Con tono firme, Castro Cosío señaló directamente a la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis y a un exfuncionario de la Junta Estatal de Caminos, acusándolos de haber actuado sin facultades legales al declarar el camino en desuso entre 2015 y 2016.
“No es posible que un camino que tiene décadas de uso por el pueblo haya sido cerrado para favorecer a unos cuantos. No vamos a permitir más privatizaciones encubiertas del patrimonio de los sudcalifornianos”, expresó el gobernador.
El mandatario sostuvo que los inversionistas, aunque en algunos casos puedan haber comprado terrenos de buena fe, están obligados a respetar el paso tradicional y la integridad del acceso público. Afirmó que incluso si existieron acuerdos con autoridades pasadas, estos no tienen validez legal si se realizaron sin competencia jurídica.
“Ni el Cabildo ni la Junta tienen facultades para declarar en desuso un camino. Solo el pueblo puede decidir si un camino se usa o no. No vamos a permitir que se nos sigan cerrando los caminos y las playas”, declaró tajantemente.
Las declaraciones del gobernador han generado diversas reacciones. Por un lado, ciudadanos y activistas han aplaudido la postura, viéndola como una defensa de los derechos comunitarios y el patrimonio natural del estado. Por otro, desarrolladores como Damiana / Playa Gorda y el grupo Vidanta, este último aludido directamente durante la entrevista, luego de calificar las acciones gubernamentales como una “puntada” o medida improvisada, advirtiendo que podrían suspender inversiones futuras.
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Castro Cosío no tardó en contestar: “Vidanta no tiene razón jurídica, histórica ni moral. Nosotros no trabajamos por puntadas. Trabajamos por los derechos legítimos de la ciudadanía”.
La controversia ha encendido el debate sobre la certeza jurídica en Baja California Sur. En el mismo programa, los conductores advirtieron que este tipo de acciones pueden enviar señales preocupantes a potenciales inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente si se interpretan como retrocesos legales o rupturas de acuerdos previos.
“La cosa es que no se puede tener todo al mismo tiempo, ¿no? No podemos tener un bienestar económico en desarrollo y al mismo tiempo el camino siempre sin edificios y siempre sin hoteles”, comentó uno de los locutores.
Durante el mismo espacio, se recordó que la zona en disputa incluye infraestructura de alto valor económico, como una carretera de 22 kilómetros y un puente cuya construcción costó millones de pesos. El destino de estas obras también queda en entredicho si los inversionistas deciden cerrar accesos o detener proyectos en respuesta a las acciones del gobierno estatal.
A pesar de las tensiones, el gobernador aseguró que su administración actuará siempre conforme a derecho. Reiteró que, si existiera algún amparo válido, su gobierno lo respetaría, aunque advirtió que, en caso de ser necesario, se luchará legalmente para revocarlos.
“No vamos a faltar a la ley. Pero si hay amparos que despojan al pueblo de sus derechos, vamos a combatirlos con toda la fuerza jurídica y moral”, concluyó.
El futuro inmediato podría estar marcado por litigios, mesas de negociación y, posiblemente, revisiones del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), como algunos analistas y empresarios sugieren. Lo cierto es que el conflicto entre desarrollo turístico y acceso público ha vuelto al centro del debate, con un gobernador decidido a marcar límites claros.
Para algunos, esta intervención es una muestra de que en Baja California Sur se gobierna con una visión social; para otros, una alerta sobre la seguridad jurídica en la región. Lo que está claro es que el equilibrio entre inversión y justicia social seguirá siendo uno de los grandes retos del desarrollo en Los Cabos.
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