Controversia en Cabo del Este: reactivación del camino costero enfrenta a gobierno estatal e inversionistas turísticos

Una nueva controversia ha surgido en Los Cabos, Baja California Sur, tras el anuncio del gobernador Víctor Castro Cosío de reabrir un tramo del antiguo camino costero que conecta San José del Cabo con Cabo Pulmo. Se trata de 3.9 kilómetros actualmente en desuso, mismos que fueron sustituidos desde hace casi dos décadas por una carretera pavimentada construida mediante un convenio con desarrolladores turísticos, entre ellos el grupo Vidanta. La posible reinstalación del camino ha provocado una fuerte reacción de los empresarios involucrados y de autoridades municipales, que advierten sobre el riesgo que implica esta decisión para el desarrollo económico del destino.

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Durante una entrevista en el programa de radio Los Cabos a la Carta, Celestino Atienzo, VIII regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, expresó su preocupación por el enfoque político que está tomando el gobierno estatal en este tema, dejando de lado los aspectos jurídicos y económicos que, según afirmó, deben ser prioritarios para garantizar la estabilidad de la región.

“Estamos frente a un acto que podría generar una catástrofe económica para Los Cabos”, advirtió Atienzo. “Este tipo de decisiones, tomadas desde una óptica política y sin el sustento legal correspondiente, pueden ahuyentar la inversión, frenar el desarrollo turístico y poner en riesgo los ingresos municipales que son vitales para operar los servicios públicos”.

El regidor recordó que el camino costero fue oficialmente dejado en desuso desde 2006 mediante un convenio legalmente establecido entre el gobierno estatal, entonces encabezado por Narciso Agúndez, y los desarrolladores de los cuatro proyectos conocidos como DTIs (Desarrollos Turísticos Integrales). A cambio, las empresas construyeron una moderna vialidad y un puente sobre el arroyo San José, facilitando el acceso a la zona de Cabo del Este. Además, en los planes de desarrollo urbano actualizados recientemente por el municipio, dicho camino ya no figura como vía activa.

La reacción de los inversionistas no se ha hecho esperar. Grupo Vidanta, uno de los desarrolladores involucrados, emitió un comunicado en el que calificó como “jurídicamente inviable” la reapertura del camino. El grupo señaló que la reinstalación del mismo sería un “retroceso” y afectaría gravemente el desarrollo turístico de Baja California Sur. Ante la falta de certeza jurídica, Vidanta anunció la suspensión temporal de sus inversiones en la zona y advirtió que emprenderá acciones legales para exigir el cumplimiento de los acuerdos previos y la reparación de daños.

Por su parte, el desarrollo Damiana Playa Gorda, también parte del grupo de los cuatro DTIs, informó que cuenta con una suspensión definitiva vigente otorgada por un juez federal, que protege su propiedad privada ante cualquier afectación derivada de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2024-2040. En su pronunciamiento, criticaron la falta de interlocución efectiva con el gobierno estatal y reiteraron su disposición al diálogo, aunque aclararon que no permitirán violaciones a su derecho de propiedad.

En la entrevista, Atienzo destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas. “Tan solo en 2024, las transacciones inmobiliarias en Los Cabos superaron los 60 mil millones de pesos, lo cual representa una fuente clave de ingresos para el municipio mediante el impuesto ISABI”, recordó. “No podemos darnos un balazo en el pie ahuyentando la inversión con mensajes equivocados”.

Aunado a ello, el regidor insistió en que el tema ha sido manipulado mediáticamente, generando confusión en la ciudadanía respecto al acceso a las playas. “Se ha hecho creer que los DTIs buscan cerrar el acceso a la costa, cuando en realidad los desarrollos están obligados a incluir clubes y parques de playa abiertos al público”, afirmó. “En estos 3.9 kilómetros se tienen planeados cinco parques de playa y cuatro accesos adicionales, algo que en realidad beneficiará a la ciudadanía”.

En la misma emisión, Jesús Corral y Justo Couto, panelistas del programa, coincidieron en que es fundamental recuperar un consenso social en torno al desarrollo de la región. “Todos queremos vivir mejor, tener acceso al mar, empleos y servicios públicos de calidad. No tiene sentido confrontar a los ciudadanos con los inversionistas”, señalaron.

El llamado de los empresarios y del propio Consejo Coordinador de Los Cabos, encabezado por Julio Castillo, es claro: se debe priorizar el diálogo, la certeza jurídica y el respeto al estado de derecho, evitando decisiones unilaterales que comprometan el desarrollo económico de la región. A menos de tres años de concluir su mandato, el gobernador Castro Cosío enfrenta uno de los retos más delicados en su relación con el sector productivo de Baja California Sur.

Por ahora, la tensión se mantiene, mientras la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades observan con atención el desenlace de un conflicto que podría definir el futuro de la inversión en Los Cabos.