Caos e incertidumbre en el proceso de reforma judicial tras renuncia del Comité Evaluador
Los Cabos, BCS — La renuncia del Comité Evaluador del Poder Judicial ha sumido el proceso de reforma judicial en una profunda crisis, dejando en suspenso los mecanismos que garantizarían la selección de jueces y magistrados idóneos. Esta situación ha generado una serie de cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad del proceso, así como la preocupación por la posibilidad de nombramientos al azar mediante un mecanismo de "tómbola".
En una entrevista para el programa de radio Los Cabos a La Carta, el magistrado federal Eduardo Farías Gasca explicó las implicaciones de esta renuncia, así como las irregularidades que han marcado el proceso desde su inicio. Farías detalló que el Comité Evaluador había recibido un número considerable de inscripciones, pero descalificó a una gran cantidad de aspirantes, generando inconformidades entre los participantes. “En lo personal, también fui descalificado bajo el argumento de no acreditar experiencia profesional, algo que me parece cuestionable”, señaló.
La crisis se agudizó tras la presentación de dos amparos interpuestos por jueces de Michoacán y Jalisco, lo que derivó en la suspensión del proceso. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, inicialmente impulsó la continuidad del proceso pese a los amparos, pero la situación escaló hasta el punto en que el Comité Evaluador decidió renunciar para evitar multas y sanciones.
El Senado toma el control
Ante la ausencia del Comité Evaluador, la Mesa Directiva del Senado propuso tomar las listas de aspirantes consideradas elegibles por el Poder Judicial y, sin exámenes ni entrevistas, someterlas a un sorteo mediante tómbola. Farías criticó esta medida por la falta de garantías sobre la idoneidad de los seleccionados. “Cualquiera que haya llevado sus papeles completos podría resultar electo, lo cual es preocupante para el futuro de la justicia en el país”, comentó.
La propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat de que la Suprema Corte asumiera el rol del Comité Evaluador fue rechazada por el propio tribunal, dejando el proceso exclusivamente en manos del Senado. Esta decisión también ha generado tensiones entre las distintas instituciones judiciales.
Conflicto de competencias y posibles estrategias
El magistrado Farías también señaló la posibilidad de que existan estrategias deliberadas detrás de las acciones judiciales. “Podría hablarse de una estrategia por parte de quienes promovieron los amparos, buscando generar violaciones que deslegitimen el proceso”, afirmó. Sin embargo, enfatizó que no se puede responsabilizar al Poder Judicial en su conjunto, ya que cada instancia opera de manera independiente.
Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentó su competencia sobre el tema, desafiando la autoridad de los jueces de distrito que habían ordenado la suspensión del proceso. Esta situación provocó una mayor fragmentación del proceso y la renuncia definitiva del Comité Evaluador.
Impacto en la confianza pública
La incertidumbre y la falta de transparencia han generado una percepción pública de deslegitimación del proceso de reforma judicial. “Al no haber exámenes ni entrevistas, la ciudadanía se pregunta cómo se garantiza que los seleccionados sean realmente idóneos”, comentó Farías. Además, señaló que el acceso a información sobre los candidatos ha sido limitado, lo que agrava la percepción de opacidad.
El llamado a la participación ciudadana
El magistrado hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y participar activamente en el seguimiento del proceso. “Es importante que la población no pase por alto esta noticia y que se informe sobre lo que está sucediendo”, enfatizó. También subrayó la necesidad de una mayor negociación y acuerdos políticos para evitar que la reforma judicial siga enfrentando obstáculos.
El desenlace de este proceso aún es incierto, pero lo que queda claro es que la implementación de la reforma judicial enfrentará serios desafíos. La participación activa de la sociedad y la búsqueda de soluciones institucionales serán cruciales para garantizar la legitimidad y transparencia en uno de los cambios más significativos para el sistema judicial mexicano.