Congreso de Baja California Sur exige acciones contra bloqueo de acceso a playas en Los Cabos

La Paz, Baja California Sur. El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Omar Torres Orozco, en el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a las autoridades de seguridad pública y al Ayuntamiento de Los Cabos para tomar medidas urgentes que garanticen el libre acceso a las playas desde La Ribera hasta el poblado La Playa, en el municipio de Los Cabos.

El objetivo del exhorto es asegurar que se cumpla la normatividad en materia de acceso y que se sancione a aquellos propietarios o concesionarios de terrenos aledaños que bloqueen el paso. En su intervención, Torres Orozco subrayó la importancia de aplicar el artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual establece multas de hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes obstruyan el acceso a la zona federal marítimo-terrestre. Además, el Código Penal de Baja California Sur estipula penas de entre tres y siete años de prisión para quienes cometan estas infracciones.

“Es lamentable que en nuestra propia tierra se nos niegue el acceso a nuestras playas, que son del pueblo y para el pueblo”, expresó el diputado, destacando la necesidad de garantizar los derechos de los sudcalifornianos frente al desarrollo turístico y económico, que, si bien es bienvenido, no debe implicar la vulneración de derechos fundamentales.

Durante la discusión, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros se sumó al apoyo del Punto de Acuerdo, señalando la falta de intervención de la SEMARNAT y la PROFEPA en los casos reportados por los habitantes de Cabo del Este. Saldaña mencionó el caso del Grupo Vidanta, encabezado por el empresario Daniel Chávez, quien, según denuncias, ha bloqueado accesos en Cabo del Este para el desarrollo de un complejo turístico. “Es cuestionable que, pese a las violaciones ambientales, autoridades federales, estatales y municipales no tomen acción ante el bloqueo ilegal de nuestras playas”, comentó.

La aprobación de este Punto de Acuerdo refleja la postura firme del Congreso de Baja California Sur en defensa del libre acceso a las playas públicas, recordando a los desarrolladores turísticos y a las autoridades competentes que el crecimiento económico debe ser sostenible y respetuoso con los derechos de la comunidad.