Expertos de la ONU alertan sobre riesgos a los derechos humanos por el control militar de la Guardia Nacional en México
Expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su profunda preocupación ante la propuesta de reforma constitucional que trasladaría la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según los especialistas, esta medida podría aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos en México, incluidos la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre, está programada para votación en el Senado esta semana. Si se aprueba, asignaría de manera permanente a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad pública, lo que, según los expertos de la ONU, podría aumentar la impunidad y las desapariciones forzadas. Desde hace años, Naciones Unidas ha advertido sobre el creciente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna de México.
“Nos alarma el impacto potencial de esta modificación. Las funciones de seguridad pública deben ser realizadas por fuerzas civiles, garantizando que la participación militar sea estrictamente extraordinaria, complementaria y subordinada a la autoridad civil”, subrayaron los expertos.
Además, recordaron que miembros de las Fuerzas Armadas han sido acusados previamente de violaciones a los derechos humanos, y estas alegaciones deben ser investigadas con los responsables rindiendo cuentas ante la justicia.
La reforma también otorgaría a la Guardia Nacional la facultad constitucional de participar en actividades de investigación criminal, además de someter a sus miembros a la jurisdicción militar. Los expertos señalaron que México estaría incumpliendo varias recomendaciones de la ONU que exigen que las funciones de seguridad pública sean ejercidas por instituciones civiles.
Finalmente, los especialistas instaron a un diálogo reflexivo para avanzar en un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, y ofrecieron su asistencia técnica para garantizar el respeto a los derechos humanos.