Reforma Judicial en el Ojo del Huracán: Perspectiva del Magistrado Eduardo Farías Gasca

En una reciente entrevista en el programa de radio Los Cabos a La Carta, el magistrado Eduardo Farías Gasca, del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito, compartió sus reflexiones sobre el avance de una reforma constitucional en México que ha generado intensos debates en el ámbito judicial y político. A pesar de que la votación oficial aún no se había realizado en el momento de la conversación, Farías dejó en claro que el desenlace parecía ya definido y anticipaba la aprobación de la reforma, tanto en la Cámara Alta como en las legislaturas estatales.

El magistrado subrayó la sorpresa que ha causado entre los juzgadores la facilidad con la que se han movido los votos para esta reforma, lo que refleja, según él, un alejamiento de los valores tradicionales del poder judicial, donde las decisiones solían tener un trasfondo más técnico y menos político.

Uno de los aspectos más preocupantes para el magistrado es el posible retroceso en materia de derechos humanos que esta reforma podría acarrear. En su análisis, Farías recordó la importancia de la carrera judicial, instaurada con la reforma de 1994, que permitió a profesionales de derecho sin conexiones políticas acceder a puestos en el poder judicial. Este mecanismo, según él, ha sido esencial para asegurar que los jueces actúen sin presiones políticas y con independencia.

No obstante, la nueva reforma, en su opinión, revertiría estos avances. Bajo el nuevo esquema, aquellos que busquen ocupar un cargo judicial podrían necesitar el apoyo de actores políticos de alto nivel, lo que comprometería la independencia del poder judicial. Farías advirtió que esto no solo podría aumentar la corrupción, sino que también transformaría la administración de justicia en un sistema doble: aquellos casos de interés para el gobierno recibirían un tratamiento político, mientras que el resto quedaría a discreción de jueces potencialmente comprometidos.

Además de los desafíos estructurales que la reforma plantea, el magistrado mencionó los problemas logísticos que podrían surgir con su implementación, desde los costos asociados con las elecciones intermedias hasta la falta de legislación secundaria que regule los nuevos procedimientos.

En resumen, Eduardo Farías Gasca dejó claro que esta reforma no solo pone en riesgo la imparcialidad del poder judicial, sino que también podría significar un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la justicia en México.