Ciudadanos Denuncian Presunto Fraude Inmobiliario en Los Cabos: Investigación en Curso

En Baja California Sur, un grupo de ciudadanos ha denunciado un presunto intento de fraude inmobiliario por parte de funcionarios públicos y abogados en el municipio de Los Cabos. La investigación en curso revela que se intenta ilegalmente apropiarse de un extenso predio de 5-19-72 hectáreas y diversas villas en el fraccionamiento Villas Cabo Hills. El conflicto surgió cuando los afectados intentaron vender una de las propiedades y descubrieron un embargo fraudulento vinculado a un antiguo juicio laboral. Aunque los embargos fueron revocados, una de las acusadas promovió un juicio de amparo que fue resuelto rápidamente por un juez federal, desestimando las pruebas presentadas por los propietarios legítimos.

Los ciudadanos, quienes se reservan su identidad debido a la secrecía de la investigación iniciada ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California Sur, denuncian que funcionarios públicos y un grupo de abogados ligados familiarmente intentan apropiarse ilegalmente de un predio ubicado en el kilómetro 3+500 de la carretera transpeninsular tramo Cabo San Lucas-Todos Santos. Los afectados, entre los cuales hay ciudadanos mexicanos y estadounidenses, han interpuesto una denuncia penal en contra de varios funcionarios, abogados y particulares por la simulación cometida dentro de un juicio laboral radicado ante la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Cabo San Lucas.

El fraude se hizo evidente cuando un notario informó a los afectados que no podían proceder con la venta de una de las villas debido a un gravamen derivado de un juicio laboral de hace más de 30 años. Los afectados contrataron abogados para investigar el motivo del embargo y descubrieron que un funcionario de la Junta de Conciliación y Arbitraje había ordenado indebidamente el embargo de un predio de casi 6 hectáreas, simulando que era una sola villa de 203 metros cuadrados.

Aunque las autoridades reconocieron su error y revocaron los embargos, una de las implicadas promovió un juicio de amparo y, en tiempo récord, un juez federal resolvió a su favor, desestimando las pruebas de los legítimos propietarios. Los afectados aseguran que el juez federal actuó de manera irregular, ignorando la posible comisión de delitos de falsedad ante las autoridades.

Este tipo de prácticas dudosas y la corrupción en el sistema judicial han llevado al Poder Legislativo a considerar reformas para erradicar estos actos de corrupción. Los afectados han solicitado la intervención de diversas instancias y actores públicos, jurídicos y sociales para resolver este conflicto y proteger sus derechos de propiedad. La investigación continúa, y se espera que se tomen medidas para garantizar justicia y transparencia en el proceso.