Propone el diputado Christian Agúndez actualizar la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de BCS

• “…la actualización que se ha dado en las leyes o la emisión de nuevos ordenamientos obligan a su actualización, para una debida aplicación del ordenamiento estatal en materia de Desarrollo Urbano”, sentenció el diputado al proponer reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de BCS

El diputado Christian Agúndez Gómez propuso al pleno de la XVI Legislatura reformar la fracción XXIII del Artículo 2, la fracción I del Artículo 12, las fracciones X, XX y XXV del Artículo 13, la fracción IV del Artículo 15 Bis, y el primer párrafo del Artículo 75; y se adicionan la fracción V del Artículo 15 Bis, la fracción IV del Artículo 51, un segundo párrafo a las fracciones I y III del Artículo 74 y un segundo párrafo al Artículo 101, de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur.

Lo anterior, como parte de los planteamientos presentados por integrantes del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, quienes le manifestaron al legislador la necesidad de realizar diversas actualizaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, a fin de mejorar los procedimientos en el otorgamiento de autorizaciones de uso de suelo por parte de las autoridades municipales, así como de las licencias de construcción en estricto apego a las disposiciones de mejora regulatoria, para alcanzar una mejor seguridad jurídica en el desarrollo económico del Estado.

Agúndez Gómez detalló que la propuesta en mención integra manejar el nombre correcto de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura del Estado, participar en su actuar con base en la Ley estatal y en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya que en la actualidad se maneja el nombre anterior de dicha Ley; de igual manera se propone adecuar lo relativo a las áreas de donación cuando se refiera a las edificaciones realizadas bajo el régimen de propiedad en condominio horizontal.

Por último, se propone la obligación de aplicar sanciones a las autoridades que deliberadamente violen los tiempos de respuesta establecidos en la Ley, ya que la tardanza implica perjuicios a quienes buscan invertir en el desarrollo económico del estado.

La Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó la propuesta a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública.