¿Juicio de Procedencia en Tamaulipas?

La piedra de toque en una república federal y representativa, como lo es, por lo menos en papel constitucional, la mexicana, es la separación de poderes que reparte responsabilidades, jurisdicciones y competencias.

Recientemente se filtró una solicitud ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de parte de la Fiscalía General de la República en donde se pide el retiro de fuero al gobernador constitucional de Tamaulipas para que pueda ser, en su caso, procesado por diversos delitos federales relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. ¿Cajón de sastre delictivo?

Los últimos titulares del poder ejecutivo estatal de esa entidad federativa han sido sentenciados por delitos similares y me parece importante mencionar que dicho historial, aunque grave, no es único en el país. Con independencia de signo político tanto los gobiernos federales mexicano y estadounidense han imputado cargos que a la postre han desembocado en resoluciones judiciales condenatorias respecto de, entre otros, mandatarios estatales tamaulipecos. Todo indica que ahora toca el turno al gobernador en funciones pero definitivamente desde la trinchera equivocada: la federal.

¿Qué tiene que ver la Cámara Baja del Congreso de la Unión ante el desafuero de un gobernador estatal que fue electo democráticamente por ciudadanos de su estado? ¿Qué no se supone que ante la división del país en estados y no en departamentos, a la usanza de Santa Anna, tocaría la petición de juicio de procedencia al Congreso Local en Tamaulipas?

Amén de la independencia de la que goza, o debe gozar, la Fiscalía General de la República (”FGR”) frente al gobierno federal debe en todo momento buscar operar sus investigaciones con mesura y evitar fugas de información propias de patios de vecindad y no de instituciones cuyos titulares son transexenales.

Lamentablemente, la mancuerna forzada de cooperación que en los hechos se ha establecido recientemente entre la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha traído a colación actual los peores momentos de un pasado, no tan distante, de un partido tricolor hegemónico que creí superado en México.

El uso faccioso o a modo de las instituciones de procuración de justicia en el país, junto con la información tributaria sensible de la que se allega la UIF dada su posición privilegiada, ha producido resultados propios de tramas de películas o series, región cuatro, que casos sólidos a tramitarse ante las instancias judiciales correspondientes.

En un régimen democrático en ciernes, como el mexicano, debemos levantar la voz ante cualquier atropello que las autoridades federales, estatales o municipales, pretendan realizar en contra de ciudadanos que no necesariamente comparten el punto de vista gubernamental. Precisamente el derecho a disentir, en pleno uso del derecho humano y constitucional a la libre expresión, es una de las muchas virtudes de un régimen no autoritario. No obstante que la tentación para ejercer el poder en favor sólo del grupo en el poder temporal siempre será grande, se debe tener altura de miras para no enturbiar todavía más las aguas democráticas en periodos electorales como el que hoy se desarrolla.

Hago votos para que sea la instancia correcta la que, en su caso, solicite el desafuero del gobernador tamaulipeco y así no alimentar redes sociales con noticias sensacionalistas o bien dar pie a declaraciones mustias de autoridades federales involucradas. Al final de cuentas, la corrupción, como el dinero o el amor, saldrá a flote. Aguardemos…

Eduardo Tapia Zuckermann

Abogado en México, Nueva York y Washington, D.C.

Socio Administrador en Tapia Zuckermann, S.C.