Aprueba Congreso del Estado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado

+ Esta nueva ley cuenta con más atribuciones para el combate a la corrupción.
+ Se fiscalizarán a servidores públicos estatales y municipales, así como a particulares que incurran en el mal uso de recursos públicos estatales y municipales.
+ “Es un paso importante el que damos los sudcalifornianos en el combate a la corrupción; se fortalece en Baja California Sur el Sistema Anticorrupción”: Dip. Guadalupe Saldaña Cisneros.

El Congreso  aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado que tiene como finalidad fortalecer y ampliar las funciones y facultades de la instancia de fiscalización en la entidad, dando con esta reforma mayores facultades para la revisión y fiscalización del uso, manejo y aplicación de los recursos públicos de origen estatal y municipal; previendo sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en actos de mal uso de recursos provenientes de las administraciones estatal y municipal en Baja California Sur.

Este nuevo ordenamiento legal viene a sustituir a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior vigente desde el mes de marzo del año de 2008, y se encuentra enmarcada dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Con la entrada en vigor de la nueva normatividad se crea la Auditoría Superior del Estado que tendrá facultades amplias para investigar, substanciar y promover ante el recientemente creado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves que detecte por medio de los procesos de fiscalización, “en especial que se deriven de un daño al erario público en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado”, señala el dictamen correspondiente.

Tras la aprobación de la Ley, la Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Diputada Guadalupe Saldaña Cisneros aseguró que este es un avance importante en el combate a la corrupción. “Forma parte del paquete de leyes que dan base legal nuestro Sistema Estatal Anticorrupción, y como Congreso del Estado estamos cumpliendo con la sociedad sudcaliforniana al poner en sus manos herramientas legales para combatir actos ilegales con los recursos públicos. Igualmente estamos cumpliendo como entidad federativa al estructurar nuestro Sistema Estatal en tiempo y forma, cumpliendo como Baja California Sur en el contexto nacional…”, puntualizó la legisladora representante del Octavo Distrito Electoral con cabecera en Cabo San Lucas.

Subrayó la responsable de la Comisión de trabajo legislativo responsable de elaborar el dictamen, que con esta nueva Ley se marca “un antes y un después”, en virtud de que habrá procesos de fiscalización a detalle, sanciones a servidores públicos y particulares, pero también tendremos una amplia difusión de los alcances de la nueva normatividad, daremos talleres y cursos sobre su contenido, porque como siempre le estaremos apostando a la prevención de este tipo de actos,,,”.

Subraya este documento aprobado por la XIV Legislatura que se amplía el tiempo de tres a siete años para la prescripción de actos de corrupción y faltas administrativas graves, además de que dota a Lajusticia de un alcance transexenal.  Precisa que la Auditoría Superior contará en este contexto con plena autonomía para asegurar la certeza jurídica y para que prevalezca el interés general de los ciudadanos por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier tipo.

Con las nuevas facultades legales que se le confiere Auditoría Superior del Estado, esta institución podrá presentar denuncias y querellas penales, coadyuvar con la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción y presentar también denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales.

Con la entrada en vigor de la Ley se atiende la queja reiterada de la sociedad de que una autoridad distinta al gobierno sea la que investigue y sanciones los actos de corrupción al interior de las mismas instituciones del Estado, “por lo que se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior, en tanto que la Fiscalía Especializada será la responsable de sancionar todo tipo de actos irregulares”.

La nueva Ley contempla la inclusión de la Sociedad Civil por conducto de una Contraloría Social, la cual por medio de la Comisión será la encargada de recibir peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que podrán ser consideradas por la Auditoría Superior del Estado en el programa anual de auditorías.