¿No le estaremos cargando la mano al turista más de la cuenta?
Apenas se daba a conocer la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar la Ley de Hacienda del Estado en el paquete fiscal 2017 en sentido de aplicarle un derecho de $ 350 pesos a cada uno de los visitantes extranjeros que lleguen a tierras de Baja California Sur con fines turísticos, cuando las reacciones en contra no se dejaron esperar.
De inmediato Iván Morán, Presidente de la Emprhotur (Asociación de Empresas Hoteleras Turísticas de La Paz, BCS) así como Arturo Musi, Presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, externaron su total rechazo a la iniciativa en virtud de la gran afectación e impacto negativo que tendrá en la afluencia turística tanto de visitantes que arriben por tierra, aire y en especial por crucero.
Para las compañías de cruceros representaría un golpe financiero muy alto debido a que un alto porcentaje de sus reservaciones ya están pagadas con tres o cuatro años de anticipación por lo que tendrían que absorber un costo que alcanzaría hasta un millón, 200 mil pesos por viaje.
El nuevo derecho que se pretende aplicar a los visitantes extranjeros es por el “uso de infraestructura pública” y que de acuerdo con mi amigo Fernando Betanzos, no tiene precedentes no solo en México sino a nivel internacional a excepción de la ciudad de Cuzco en Perú, considerada una ciudad-museo.
Lo cierto es que ya corre el rumor de que esta es una idea que se está gestando en la ciudad de México con el fin de que Baja California Sur sea el conejillo de indias para más tarde comenzar a aplicarlo en todos los destinos turísticos.
El riesgo que algunos ven es que este impuesto favorezca nada más a los destinos competencia por ahora de Los Cabos, la Paz y Loreto y luego a otros allende las fronteras.
Si bien $ 350 pesos pareciera que no es un costo alto para un turista que viene a pasar 6, 7 días o más, si lo es para un crucerista que solo está en el destino no más de 8 horas.
Ya se habla de que el impacto podría causar hasta una reducción del 50% en la llegada de cruceros a los que les representa un costo no previsto que los obligaría a cambiar incluso rutas, según Arturo Musi.
Las reacciones de hoteleros, desarrolladores y demás prestadores de servicios turísticos en Los Cabos seguramente en esta misma semana externarán su desconcierto y quizá el desacuerdo con esta disposición del Ejecutivo Estatal que apenas se dio a a conocer este fin de semana, después de que la iniciativa de decreto se enviara al Diputado Alfredo Zamora de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura el pasado 31 de octubre.
Entre la exposición de motivos y en resumen se especifica la necesidad de invertir más en la infraestructura pública: “Con el establecimiento de este aprovechamiento, el Estado contará con mayores recursos que permitan el fortalecimiento de la Seguridad Publica, de la Salud, del Apoyo al Empleo, del Deporte, del Desarrollo agropecuario y pesquero, y de la Cultura, logrando con esto alcanzar lo más pronto posible, el mejor futuro que se anhela”.
Por lo anterior el Decreto dice, entre otras cosas: “El aprovechamiento se fijará a razón de una cuota de $350.00, misma que será actualizada anualmente el primero de enero de cada año, considerando el periodo comprendido desde el decimotercer mes inmediato anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que se efectúa la actualización”.
La pregunta inevitable que emerge es si el Ejecutivo Estatal calculó las repercuciones políticas y económicas de esta decisión y si fue evaluada previamente con la iniciativa privada debido a las posibles afectaciones en el terreno de la competitividad con respecto a otros destinos cuando ya se cobra el famoso Derecho de No Inmigrante (DNI) que es $ 294 pesos y que ahora solo en BCS será de $ 644 pesos, además del 3% de impuesto al hospedaje, el 16% de IVA y el TUA de aeropuertos, además de los derechos carreteros.
¿No le estaremos cargando la mano al turista más de la cuenta?
Veremos cuáles seran las reacciones en esta semana.
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AFC