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Pacto… ¿opción u obligación?

ed jaureguiEs bien conocido por todos que los mexicanos no somos muy dados a participar; y esto es particularmente cierto cuando hablamos del “qué hacer público”. Como muestra, basta ver los porcentajes de votación en las recientes elecciones, que anduvieron entre  40 y 50% respecto del total.

Por otro lado, la organización de foros de consulta para temas que competen a toda la sociedad no está siquiera prevista en nuestra legislación –salvo contadas excepciones en algunos estados de la república- y, cuando éstas se realizan, generalmente se integran por “profesionales de la política”, y no por ciudadanos comunes y corrientes.

Lo anterior necesariamente se ha traducido en falta de claridad y cercanía en los contenidos de los planes y acciones de gobierno, respecto de las tareas que la población realmente demanda y requiere; en pocas palabras, pobreza en los contenidos de la planeación gubernamental.

En este contexto no puede negarse que el “Pacto Por México” se ha constituido como un instrumento de planeación -y acción, al menos en el plano legislativo- si no con todas las características que una democracia avanzada reclama, sí con un “contenido democrático aceptable” en tanto incorpora la visión de los tres principales partidos políticos de México, incluida por supuesto la izquierda, respecto de los grandes problemas nacionales y la forma de solucionarlos.

Sin embargo, también es cierto que en el plano electoral aun persisten viejos vicios y corruptelas que no solo son bofetadas entre los partidos integrantes del Pacto, sino para la democracia y la ciudadanía en general y que resultan a todas luces inaceptables por ser un reflejo de una patente falta de respeto al electorado, y una carencia total de civilidad y ética política.

Por supuesto lo anterior ha generado justificadas molestias entre los partidos políticos integrantes del Pacto (particularmente del PAN y PRD contra el PRI, cosa muy explicable), que los ha llevado a asumir de manera recurrente –cada vez que hay “taches” en el comportamiento-  la posición de: “si haces trampa, me salgo del pacto”.

Resulta claro que la amenaza de abandonar el Pacto ha sido hasta cierto punto un instrumento de presión efectivo para quienes la ejercen, al punto que llegó a provocar un “anexo” al Pacto en el  que se establecen  compromisos de civilidad política y electoral por parte de todos sus integrantes, mismos que si bien, otra vez, no fueron respetados en las pasadas elecciones, son actualmente temas de negociación entre los partidos con miras a comprometer soluciones de fondo.

En este entorno, abandonar el Pacto es sumamente cuestionable en cuanto a los resultados que de ello se obtendrían. Por un lado, quienes lo hicieran estarían echando por tierra este esfuerzo que, como quiera que sea, es la mejor agenda que tiene el país en cuanto a sus tareas y pendientes (cuando menos, como dije, en el terreno legislativo) y, por otra parte, no sólo se quedarían sin “banderas políticas” (y las que les quedaran tendrían pocas posibilidades de progresar), sino que seguramente provocaría un enorme descontento entre los electores ante una patente señal de  inmadurez política.

Abandonar el  Pacto no debería ser, de ninguna manera, una opción;  si partimos de que la palabra Pacto significa:  del latín pactum, es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración; por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Esto, bien entendido, significa que los partidos, como entes sociales representantes de sus electores, es decir, de la ciudadanía en general, hacen un compromiso entre ellos, pero representando los intereses de la sociedad en su conjunto, de tal manera que no se trata de una decisión de “contentillo” el participar o salir del pacto; es una obligación contraída no solo entre los partidos políticos, sino ante la sociedad mexicana. De ahí su nombre: “Pacto por México”.

El Pacto debe concebirse, instrumentarse e institucionalizarse de tal manera que involucre a todos los partidos políticos, no solo para enriquecer la agenda legislativa, sino para que sea en su seno donde se ventilen incumplimientos o conductas torcidas, y se realicen acuerdos que comprometan, ahora sí que en tiempo y forma, soluciones o correcciones específicas para estas desviaciones y conductas antidemocráticas, pero a la vista de todos, integrantes del pacto y ciudadanía en general, así, el electorado está en condiciones de premiar o castigar a los partidos de acuerdo con su desempeño. Un ejemplo, lo sucedido en las recientes elecciones de BC en las que, de no ser por el Pacto, ahora estaríamos presenciando un litigio electoral seguramente amañado e inservible, en el que el PRI hubiera terminado por imponer a su candidato.

Si algo queda de madurez y calidad moral en los políticos mexicanos, deben asumir su compromiso y luchar porque el Pacto sea algo permanente y, como ciudadanos, debemos exigir que se institucionalice y se convierta en procedimiento obligado, en forma “normal” de hacer política, a la vista de los ciudadanos.

RJZ

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