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Y seguimos contando

armandoAl momento de estar escribiendo estas líneas, domingo 26 de marzo, fue localizada en el área del arroyo El Tule, entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, la persona ejecutada por sicarios al servicio del crimen organizado número 152. A nivel estatal la macabra lista, dicen las autoridades, rebasa la cantidad de 500 víctimas en menos de un año, aunque la cifra real nadie la conoce, pudieran ser muchos más. Los números oficiales solo dan fe de los cuerpos encontrados y “debidamente registrados”.

El tema de la inseguridad está presente en todas nuestras conversaciones, impregna ya nuestra vida cotidiana, inunda las redes sociales y los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Y esto lejos de dar señales de mejorar apunta a complicarse más, según las amenazas que se hacen los grupos rivales en mantas y redes sociales sin que alguna autoridad, de ningún nivel, parezca que tenga la fuerza ni la voluntad para frenarlo.

En medio de este desolador panorama estamos los ciudadanos comunes, los que con más frecuencia quedamos atrapados en el fuego cruzado, a veces en calidad de daños colaterales, en los enfrentamientos armados entre delincuentes contra delincuentes o de estos contra las fuerzas del orden público. Hoy mismo, una turista en San José del Cabo fue alcanzada por una bala perdida en una pierna, en un tiroteo entre narcos.

En días pasados Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, CCC, llamó a la sociedad y las autoridades a iniciar una campaña publicitaria encaminada a mejorar la imagen del destino turístico, la cual se está deteriorando rápidamente a raíz de la guerra de los carteles de la droga por apoderarse de este lugar. La propuesta ha generado opiniones encontradas entre los ciudadanos;   por un lado están aquellos que piden que se haga promoción de nuestras ciudades resaltando las bellezas y bondades que pueden encontrar los visitantes aquí y que aunque existe una guerra declarada entre miembros del crimen organizado, los turistas como tales, no están en la mira de los delincuentes, más bien estos son vistos como clientes que consumen las sustancias que aquellos venden y que son en parte la razón de esta lucha sin sentido.

Por otro lado, otros opinan que pretender disimular las cosas solo empeora el clima de inseguridad y que se deben tomar medidas más enérgicas por parte de las autoridades para terminar con esta situación, en lugar de maquillar la realidad. 

Sin afán de pecar de sincretista, en mi opinión, las propuestas no son excluyentes. 

La sociedad en su conjunto debe continuar haciendo promoción de nuestro destino turístico,  minimizar los efectos mediáticos de esta guerra absurda y brutal y ponerla en su justa dimensión, prestarse a amplificar las noticias sobre la violencia lo único que acarreará será el retiro del turismo, ya tenemos encima la segunda advertencia de lugar peligroso dada por el departamento de Estado de la Unión Americana.  Así mismo, se debe presionar a las autoridades de los tres niveles, principalmente del gobierno federal, para que abandonen su actitud complaciente y dejen de actuar como meros observadores, esperando a que terminen de matarse entre sí los delincuentes.  Esa fue la política implementada por Felipe Calderón, cuando supuestamente le declaró la guerra al narco hace 10 años y ha sido un rotundo fracaso hasta nuestros días.

Lo que los ciudadanos están viendo en el actuar de las corporaciones militares y policíacas es una extensa simulación que crea más zozobra que tranquilidad entre los visitantes y los pobladores locales. La verdad es que no existe un combate real al narcotráfico, no se persigue la venta y distribución de las drogas, estas se siguen vendiendo ante los ojos de todo mundo y es evidente que impera la  complicidad de diferentes  autoridades con unos y otros grupos delictivos. Pero el problema no es local, aquí somos simplemente un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, a final de cuentas, hacia donde la sociedad debe dirigir sus exigencias es hacia el gobierno federal, es este, mejor que ninguna otra instancia de gobierno, quien tiene la capacidad de fuego, los elementos capacitados y la responsabilidad de obligar a los grupos rivales a detener la guerra sangrienta por los mercados en todo el país.

En nuestro estado, Baja California Sur, ni las policías estatales y mucho menos las municipales, pueden enfrentar a las bandas de sicarios, mejor armados, pagados y motivados que nuestros elementos policiacos. 

Mientras desde la presidencia de la república no se giren las órdenes precisas para que se obligue a todos los diferentes carteles  a renegociar rutas y territorios y que se respeten los acuerdos, esta guerra continuará arrastrando a la nación entera al caos, se debe terminar con la simulación oficial del combate al narcotráfico, este no se puede eliminar, es un fenómeno mundial, pero si se debe regular, el que sea una actividad ilícita no necesariamente debe ser brutal y sangrienta. 

Mientras, aquí en Los Cabos, la cuenta de los ejecutados sigue creciendo.

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