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Legalidad e intereses

Si bien la legalidad y la justicia son dos conceptos que deberían ir empatados en cuanto a su aplicación, en la vida práctica vemos que no es así. Cuántas veces
somos testigos o conocemos de situaciones que son legales y no justas y viceversa.

Pero sin entrar en discusiones estériles yo creo que todos sabemos o entendemos que la legalidad es todo lo que es permitido bajo el marco del Derecho o del Derecho Positivo, como sería más preciso decir, mientras que la justicia se basa en la filosofía
del Derecho, o sea “lo que debe ser”.

Aquí la recomendación para incursionar en los famosos Diálogos de Platón que describe la filosofía del gran Sócrates y en especial el diálogo llamado “La República” que es, sin duda el que mejor retrata la esencia del pensamiento socrático y en especial sobre la Justicia.

Pero volviendo al tema de hoy, la razón de traerlo a la mesa es por la serie de polémicas y discusiones que han generado dos particulares asuntos en los que, sin temor a equivocarme, están siendo manipulados por intereses metálicos, monetarios más que por intereses de índole social y ambiental.

Por un lado el tema de la minería en el que la empresa Zapal con su proyecto Los Cardones pretende desmontar 500 hectáreas en la zona del Área Natural Protegida de la Sierra de la Laguna en el municipio de La Paz y que colinda con el municipio de Los Cabos y que tiene ya varios años tratando de conseguir los permisos y autorizaciones correspondientes utilizando las posibilidades y recovecos legales para lograr satisfacer sus fines que son, al fin de cuentas, obtener las máximas ganancias posibles de la extracción de 40 toneladas de oro (2 mil millones de dólares) en 10 años que según esta empresa generará 2 mil millones de pesos en los primeros 18 meses y 1 mil millones más anuales como derrama en la zona además de que traerá beneficios a la población en salud y educación, dicen.

El caso es que se haría un boquete de más de 500 metros en una extensión de más de 120 hectáreas extrayendo alrededor de 240 mil toneladas. No me quiero imaginar el impacto en esa zona por más que quieran explicar la alta tecnología y la cero contaminación ¿Usted lo cree?

El caso es que, en honor a la legalidad habrá que esperar y exigir todos los estudios necesarios y confiables para someterse a los límites que marca la Ley ya que tienen el derecho de hacerlo.

El problema radica está en cómo creer a las autoridades cuando sabemos de los antecedentes de sus complicidades con promoventes similares en el pasado.


Eso de que se va a desarrollar una excelente economía en la región y que se van a crear nuevas fuentes de empleo y que se va a reforestar todo lo que se dañe, etcétera, etcétera, suena bien sin embargo la pregunta clave es: ¿a qué precio?

Por lo pronto la SEMARNAT, que desde siempre (al menos desde el ahora ex secretario Juan José Guerra Abud hasta el actual Rafael Pacchiano) ha visto con buenos ojos este proyecto (huy que miedo), y ya se dijo a través de su Delegado en BCS, que si cumple con todo esta mina, por supuesto que operará. Por lo pronto la comunidad turística, las autoridades municipales y estatales ya se opusieron al proyecto. Habrá que ver con qué músculo y quién tiene más fuerza.

Otro caso es el que se relaciona de buscar protección en el mar a la pesca ribereña y la pesca deportiva 50 millas alrededor de Baja California Sur a través de una Área Natural Protegida (ANP) que restrinja la la entrada a esa franja a la pesca industrial. Como se esperaba, la industria pesquera protestó enérgicamente desde que se dio a conocer esta iniciativa por parte de CODEMAR (Coalición para la Defensa del Mar) no se hizo esperar y comenzó a operar de manera tan efectiva que ya consiguió que más de 50 firmas que representan a empresas armadoras, pesqueras, cooperativas de ribereños y otras relacionadas para rechazar la propuesta, aunque extraoficialmente muchos de los firmantes esperan que se despejen sus dudas. También hay inquietud de que esta propuesta afecte a la inversión privada por las restricciones que conlleva una ANP.

El caso es que, al parecer, los intereses económicos casi siempre o muchas veces, prevalecen sobre los intereses sociales y sobre todo ecológicos. Ojalá que en los dos temas anteriores, no sea el caso.

Cuídese.

AF

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