¿Independencia en el Tribunal Electoral?

Los Cabos, Baja California Sur a 15 de abril de 2021 / Eduardo Tapia Zuckermann

Después de treinta años a partir del decreto de creación del Tribunal Federal Electoral, antes Tribunal de lo Contencioso Electoral (1987), hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (1996) y precisamente a casi veinticinco años de aquella reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, cuando el entonces presidente Zedillo calificó como “definitivas” las modificaciones en materia de elecciones, es preciso dilucidar algunas premisas por las cuales se creó una órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que buscó alejar decisiones políticas del poder ejecutivo.

Como antecedente mediato, generalmente aceptado, la reforma de 1977 a cargo del entonces Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, abrió espacios a la oposición política que se movía entre la clandestinidad, como fue el caso del partido comunista, y la mediocridad satelital al cobijo del partido hegemónico, como lo fue el partido popular socialista y el auténtico de la revolución mexicana, por citar algunos.

Si bien tuvo muchos méritos la reforma de 1997, como sin duda lo fue la promulgación de la LOPPE (Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales) todavía faltaban diez largos años para que se conformara un tribunal especializado en materia electoral y casi veinte para que el mismo ya no dependiera orgánicamente del poder ejecutivo federal.

Es importante recalcar lo anterior porque millones de mexicanos que no cuentan con treinta años cumplidos quizás no recuerden el esquema electoral vigente que tardó décadas en fraguarse para que ahora, un cuarto de siglo después, un nuevo presidente de México decida poner en entredicho la independencia del tribunal en la materia y, en los hechos, tomar carta cabal en decisiones de un cuerpo colegiado al que no le corresponde intervenir como titular del poder ejecutivo federal.

Dada la composición del tribunal es común que haya una especie de reparto de cuotas en su interior que obedecen al signo político que propuso a cada uno de sus siete magistrados, aprobados por el Senado de la República. No obstante ello, el tribunal desde que se integró al poder judicial, ha actuado con recta institucionalidad y fue actor fundamental en la alternancia en el poder del partido hegemónico hacia uno de centro-derecha en el año 2000, en otra alternancia en vía de regreso entre dichos partidos y, finalmente, para legitimar el triunfo del actual partido en el poder cuya identidad linda en la centralidad izquierda para seguir usando la tradicional definición que proviene de la conformación del parlamento francés de finales del siglo XVIII.

Ahora bien, con las desafortunadas declaraciones presidenciales y las indebidas filtraciones de diversas resoluciones jurisdiccionales de parte de algunas de las ponencias de magistrados electorales, se ha intentado, y en algunos casos logrado, resquebrajar la independencia del mismo. Los ciudadanos no debemos quedarnos callados ante la actual embestida e intentos por amedrentar dicha independencia porque si la propia Suprema Corte, máximo órgano del poder judicial, ha decidido mantenerse alejada de lo que sucede al interior del tribunal electoral, no obstante que en teoría es un tribunal subordinado, aunque especializado, entonces sí debemos protestar para que las decisiones que adopten por mayoría sus magistrados sean tomadas al margen de presiones políticas so pena de sufrir una merma en su conjunto de nuestra democracia electoral.

La piedra de toque de un régimen constitucional es la existencia de una judicatura independiente e incorruptible, libre de influencias propias de la coyuntura política y el fragor de las luchas y campañas electorales. ¿Tendrá México la madurez suficiente de exigir que continúe plenamente la independencia de su tribunal electoral? De lo contrario, ¿sabremos vivir en un régimen que creímos superado hace más de treinta años? Hago votos para que se respete la autonomía de nuestro tribunal electoral frente a presiones del poder ejecutivo y de otros actores políticos que confunden el papel del tribunal al de una oficialía de partes propia de un régimen de corte autoritario. Veremos.