El antes y después de la división de poderes


Los Cabos, BCS a 23 de marzo de 2021 / Eduardo Tapia

Ante las recientes declaraciones del presidente de México respecto de la supuesta parcialidad en que miembros del poder judicial federal incurren al emitir suspensiones provisionales o definitivas en materia de juicio de amparo, cuando las mismas son adversas a los deseos presidenciales, es preciso explicar la debida interacción actual de los poderes constituidos que se encuentran plasmados en nuestra Constitución Política Federal.

México es una república presidencial y no una dictadura. Perfecta o imperfecta como la bautizó Mario Vargas Llosa en los años noventa del siglo pasado al calificar el régimen de partido político hegemónico imperante por más de siete décadas en el país.

Hago referencia a este calificativo afortunado porque por muchos años México vivía una doble realidad: la primera era la plasmada formalmente en el texto constitucional y otra la material en donde los principios rectores de nuestra vida institucional eras trastocados por la voluntad de un presidente y sistema político empecinados en conservar el poder mediante su uso faccioso.

Esta miopía retrógrada rindió, curiosamente, algún fruto bueno producto de una estabilidad política formidable. Así, México, por ejemplo, creció económicamente de manera sostenida tanto que a este proceso se le bautizó como “el milagro mexicano” pero el costo fue una ciudadanía infantil prácticamente orillada a ejercer sus derechos políticos siempre supeditados al visto bueno de un tutor reacio y, en ocasiones, ignorante.

Mientras el depositario del poder ejecutivo federal fuese una persona sensata y su gabinete uno preparado, que admito fueron quizás tres o cuatro sexenios a lo más durante estos setenta años, la función pública caminaba bien y ello se reflejaba en una hacienda pública consecuente; sin embargo, las contradicciones de un régimen no democrático alcanzaron a resquebrajar al otrora inquebrantable Presidente y evidenció las fallas inherentes a un estado de derecho de contentillo y veleidoso.

Precisamente la manera en que a partir de los años setenta del siglo pasado el presidente aglutinó no sólo la función política sino la conducción económica sin contrapesos naturales de mercado, es cuando se empezaron a presentar crisis económicas recurrentes o cíclicas de las cuales no hemos podido salir a cabalidad.

Esta contradicción se vuelve más importante ahora cuando el estado mexicano ha transitado a través de una doble alternancia en el poder federal y ahora, por primera vez en más de veinte años, tenemos a un congreso con mayorías legislativas del mismo signo político que el del presidente.

Con el llamado carro completo se han asomado las peores prácticas del pasado en donde el poder legislativo era una simple oficialía de partes de los decretos que se preparaban del el ejecutivo federal. El Presidente confunde su mayoría legislativa con una mala interpretación de la división de poderes y con lectura de tiempos que no se veían en cuarenta años pues ahora la diatriba hace eco en un poder judicial que por fin se volvió más independiente del poder ejecutivo y ha empezado a dar resultados propios de un juego democrático en donde el poder ejecutivo propone, el legislativo dispone y la judicatura valida la constitucionalidad y legalidad de una determinada propuesta.

Debemos evitar, como sociedad civil, regresar a tiempos en donde sólo la voluntad del presidente regía. Debemos vigilar no sólo la vigencia del estado de derecho sino su vivencia en palabras del jurista Miguel Villoro Toranzo.

J. Eduardo Tapia Zuckermann
Abogado en México, Nueva York y Washington, D.C. Socio Administrador en Tapia Zuckermann, S.C.







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