En BCS todas las patentes que existen han sido por determinaciones políticas: A. Aguilar

Armando Aguilar ex notario núm. 1 dijo que en Baja California Sur existe una ley estatal del notariado que data de 1979, la cual surgió para suplir a la ley de notariado para distrito y territorios federales que seguía en vigencia luego de la transformación a Estado de BCS.

Dice que esta ley ha sufrido toda una serie de reformas:

“Unas positivas y  otras sin razón de ser, otras totalmente contrarias al espíritu de la función del notario”.

Dijo que la función del notario es criticada por mucha gente cuando no se conoce o no se da la publicidad de lo que debe ser el notario. Mencionó que la fe pública es algo que en principio corresponde al estado, y se ejerce a través del gobernador:

"La fe pública es algo fundamental, en la vida jurídica de cualquier sociedad".

Comentó que en el mundo existen dos sistemas notariales:

“El sistema latino que es el que impera en México y que impera en casi todos los países del mundo y el sistema Sajón, que existe en Estados Unidos”.

Señaló que el primero, el latino, es el que da mayor certeza jurídica. Argumentó que el problema más serio es cuando hay un libertinaje al otorgar los nombramientos o patentes para el ejercicio notarial. Al respecto, mencionó que en BCS todas las patentes que existen han sido por determinaciones políticas, inclusive dijo la de él.

Añadió que él fue notario en 1974, el número dos, y su padre el 1. Dijo que el actuar del notarial es personalísima, pues es en su oficina donde actúa y da fe. Pero está facultado, para retirar el protocolo de su oficina para ir a recabar firmas aun fuera de ésta.

Apuntó que existen una serie de irregularidades para determinar la demarcación territorial donde pueden actuar los notarios en BCS. Dijo que los primeros notarios tenían que actuar dentro de un partido judicial, de acuerdo con la ley inicial de 1979. Mencionó que luego la ley se cambió y les dieron jurisdicción en todo el Estado, y fue en el gobierno de Leonel Cota Montaño cuando cambió la ley y se les dio una jurisdicción municipal.Por último dijo es indispensable que el gobierno del estado como supervisor actué y ponga reglas claras:

“Mi postura es que el gobierno del Estado debe de actuar, modificar la ley actual del notariado, ser congruente con las designaciones de los nuevos notarios, imponer como existía antiguamente la colegiación obligatoria de los notarios para efecto de que estén enterados y puedan realizar su práctica y sus estudios de superación”.

Finalizó diciendo que a su juicio, el nuevo proyecto de ley del notariado tiene una serie de defectos aun.